Incluye bibliografía.

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En el año de 1989 fue promulgada la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por muchos países latinoamericanos. Los Estados se comprometieron a hacer cumplir las directrices que allí se establecen y a presentar ante distinguidos organismos, como el Comité de los Derechos del Niño, informes sobre las medidas adoptadas y sobre el alcance e impacto de las mismas en relación con la garantía de los derechos de los niños frente a estas vulneraciones que afectan su desarrollo integral. Los factores que ponen en peligro a los niños no distan de ser los mismos en los países del nuevo y del viejo continente: trabajo infantil, tráfico humano, prostitución, pornografía e inclusión en el conflicto armado. Para los expertos en el tema, los fenómenos que parecen explicar estos flagelos son la pobreza, miseria, desempleo, aumento del llamado empleo informal, disminución del empleo estable y carencia de servicios básicos, como el acceso a salud. Por otro lado, a pesar de la insistencia de los entes gubernamentales para que se definan protocolos de atención para las comunidades marginadas, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes no han contado, salvo algunas excepciones, con atención específica en protección, salud, educación y vivienda. La discriminación que se basa en el origen étnico disminuye las posibilidades de que sus niños accedan a los mínimos bienes y servicios de educación y salud, especialmente por condiciones culturales o falta de registro civil y los hace frecuentemente víctimas de malos tratos, violencia y explotación. En relación con los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, la indiferencia profundiza la segregación que sufre la población con limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Las omisiones del aparato legislativo y judicial de los Estados conducen a anular o restringir los derechos y libertades de las personas con discapacidad y a excluirlas de beneficios y oportunidades necesarias para mejorar sus condiciones de vida.

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